Qué es el Fondo de Sostenibilidad Eléctrico que quiere aprobar el Gobierno y cómo afectara a la factura de la luz

El pasado mes de diciembre, el Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley para la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que conseguirá, según el propio Ejecutivo, abaratar la factura de la luz de los consumidores hasta un 13% en cinco años.

El fin de la norma es “evitar subidas en el precio de la electricidad”, favorecer el uso de la energía eléctrica frente aquellas dependientes de combustibles fósiles, como el petróleo o el gas natural, y “aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema” que permita que aumenten las inversiones en energías limpias.

Y para ello, se establece un nuevo sistema de financiación de los costes regulados de la electricidad, que ahora mismo asumen fundamentalmente los consumidores, a través de la factura de la luz.

La nueva norma se tramitará por el procedimiento de urgencia, con el fin de que entre en vigor lo antes posible. Esta urgencia se debe a que, según ha explicado el Ministerio para la Transición Ecológica, la actual normativa obliga a realizar un ajuste al alza de la parte regulada del recibo de la luz que supondría un incremento de entre un 10% y un 15% en el coste de la factura eléctrica, que el Gobierno quiere evitar.

Y aunque cualquier norma puede ser modificada durante su tramitación, las reacciones que ha provocado el texto, en general favorables, hace pensar que hay muchas posibilidades de que salga adelante sin demasiadas modificaciones.

Por qué este cambio legislativo conseguiría abaratar la factura de la luz

En el año 2007, el Gobierno estableció un marco retributivo conocido como RECORE (renovables, cogeneración y residuos), con el que se ha estado financiando el sistema de primas a las renovables, que tienen como objetivo primar las inversiones que se realizan en energías renovables, para que puedan competir en el mercado con otras fuentes de energía, “ofreciendo una rentabilidad razonable”.

Las primas a las renovables suponen 7.000 millones de euros al año, el equivalente al 16% de la factura eléctrica, y hasta ahora su pago ha sido asumido en su mayor parte por los consumidores, a través del pago de los peajes de acceso, en la factura eléctrica.

Una vez que se apruebe la ley, los costes asociados al régimen retributivo RECORE serán asumidos por el FNSSE, que se nutrirá de la contribución de las empresas, en función de sus ventas del año anterior; del dinero recaudado a través de los impuestos a la generación de energía, los ingresos de las subastas de CO2, fondos comunitarios (máximo 10%) y Presupuestos Generales del Estado (máximo 10%).

De esta manera, los consumidores dejarán de pagar la parte correspondiente a la financiación del régimen retributivo RECORE que ahora mismo se incluye en la  parte regulada a la factura de la luz, con lo que se reducirá en aproximadamente un 10%.

Plazos para la implantación del sistema y excepciones

La sustitución de un sistema por otro se producirá de manera progresiva, durante un plazo de cinco años, con el fin de que todos los actores implicados se adapten al nuevo sistema de manera progresiva.

Además, para garantizar la equidad y la redistribución, existirán exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y respuesta.

Por ejemplo, estarán exentos de contribuir al FNSSE el gasóleo agrícola, el gas natural para cogeneración y generación eléctrica, el queroseno para aviación o el gasóleo para navegación y pesca (excepto embarcaciones de recreo).

Un sistema que nos equipara con otros países de nuestro entorno

La creación del FNSSE está en la línea de las legislaciones que han ido aprobando en los últimos años la mayoría de los países de la Unión Europea, donde se han tomado medidas para que la principal responsabilidad en la financiación de las energías renovables recaiga en las empresas de combustibles fósiles, y no en los consumidores finales.

Así lo ha hecho o lo están haciendo Alemania, a través de una reforma fiscal, Francia, con una tasa al CO2 que grava al carbón, al gas natural y a los productos petrolíferos, de forma proporcional a sus emisiones de CO2, o Dinamarca, entre otros países.