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Precauciones cuando compra una vivienda sobre plano

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Precauciones a tomar cuando se compra una vivienda sobre plano

El pasado mes de septiembre, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alertaba sobre los riesgos de comprar viviendas sobre plano y la consideraba una opción arriesgada y poco recomendable.

La polémica estaba servida, y poco tardaron promotores y cooperativas de vivienda en rebatir las afirmaciones de la OCU y garantizar que se trata de una opción perfectamente segura y con todas las garantías.

Es cierto que la compra de vivienda sobre plano está regulada y que existen una serie de mecanismos que tienen como objetivo proteger al comprador y garantizar la devolución de las cantidades adelantadas en caso de que la construcción no salga adelante, se produzcan retrasos en la entrega de las viviendas o no se cumplan los compromisos adquiridos.

Pero también hay que tener en cuenta que esa protección a los consumidores tiene ciertas limitaciones, algunas de ellas de importancia, que hay que tener en cuenta  antes de firmar el contrato de compraventa y empezar la entrega de las cantidades a cuenta.

Para evitar riesgos, es conveniente seguir las siguientes recomendaciones:

  1. Información sobre la promotora. Recopilar toda la información posible sobre la promotora. Comprobar que se trata de una empresa con liquidez, que no ha tenido problemas de incumplimientos de este tipo de contratos… En definitiva, que se trata de una empresa en la que se puede confiar.
  2. Propiedad del solar y solicitud de licencia de obra. Pedir a la promotora que acredite la propiedad del solar en el que se va a construir el inmueble y que ha realizado la solicitud de la licencia de obras. La OCU, además, recomienda a los compradores que se aseguren de que se ha obtenido la licencia de obras.
  3. Información sobre la promoción. Antes de firmar el contrato de compraventa, deberá reclamar toda la información posible sobre la vivienda, especialmente la memoria de calidades y los planos, y leer atentamente y guardar toda la documentación relacionada con la promoción, ya que se considera información contractual.

Esta documentación debería incluir información sobre la distribución y los metros del inmueble, los detalles sobre los equipamientos del edificio, materiales de construcción, superficies, zonas comunes y calidades de los acabados.

Además, aunque posteriormente se incluirán en el contrato, es imprescindible conocer por adelantado y recibir asesoramiento profesional, si hay alguna duda, sobre  las consecuencias en caso de incumplimiento.

Según la OCU, estas consecuencias deberán guardar cierta reciprocidad, y en ningún caso deberá aceptarse cláusulas de exoneración de responsabilidad por retrasos “ajenos a la promotora”.

En el caso de que el promotor no se muestre  dispuesto a proporcionar cualquier tipo de información adicional sobre la promoción, la recomendación generalizada es desistir de la compra de esa vivienda, y buscar otras promociones en las que se tenga un comportamiento más transparente.

  1. El contrato. Debe incluir, como mínimo, el precio exacto de la vivienda (con el IVA aparte), la fecha de entrega de las llaves, una cláusula en la que se especifique qué tipo de penalizaciones recaen sobre el promotor en caso de demora y otras posibles compensaciones, por ejemplo, el pago de un alquiler durante el tiempo de retraso en la entrega.
  2. Constancia de los pagos. Es fundamental que quede constancia de todos y cada uno de los pagos que se realizan en la cuenta indicada por el promotor, ya que en el caso de incumplimiento de contrato, como veremos más adelante, éste solo estará obligado a devolver las cantidades cuya entrega esté debidamente acreditada.
  3. Entrega de la vivienda. Debe hacerse una vez obtenido el certificado final de obra y la licencia de primera ocupación.

No se debe firmar  la escritura hasta que no esté todo listo, y antes de hacerlo hay que  revisar el inmueble y comprobar que la promotora ha cumplido punto por punto con los compromisos adquiridos, es decir, que las calidades y acabados se corresponden con los establecidos en la información proporcionada, que la vivienda cumple con todos los requisitos legales y que las dimensiones de las estancias son las comprometidas. Para realizar este tipo de comprobaciones, se recomienda realizar esta inspección acompañado de un especialista, por ejemplo un arquitecto o arquitecto técnico.

La protección  legal al comprador de vivienda sobre plano

Por supuesto, la principal preocupación en este tipo de operaciones es la económica. El comprador tiene que pagar una entrada e ingresar una serie de cantidades a cuenta antes, incluso, de que se ponga la primera piedra del inmueble, pero qué pasa si finalmente no se entrega la vivienda o se producen retrasos en su construcción, qué protección legal tienen los consumidores.

Como ya comentamos, la ley protege a los compradores de vivienda sobre plano, pero con ciertas limitaciones que han sido muy criticadas, fundamentalmente, por asociaciones de consumidores, e incluso la Oficina del Defensor del Pueblo, que en el momento de la aprobación, en 2015, de la modificación de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), consideró que  la protección del comprador de vivienda sobre plano en la nueva normativa era insuficiente, aunque se decidió no presentar recurso.

La Disposición Adicional Primera de la LOE es la encargada de regular todos los aspectos relacionados con la percepción de cantidades a cuenta durante la construcción de la vivienda y los derechos y obligaciones de compradores y vendedores.

La norma establece que los promotores están obligados a “garantizar, desde la obtención de la licencia de edificación, la devolución de las cantidades entregadas más los intereses legales, mediante contrato de seguro de caución suscrito con entidades aseguradoras debidamente autorizadas para operar en España, o mediante aval solidario emitido por entidades de crédito debidamente autorizadas, para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin en el plazo convenido para la entrega de la vivienda”.

Es decir, según las asociaciones de consumidores, la norma deja desprotegidos a los compradores que hayan entregado cantidades a cuenta antes de la obtención de la licencia de obra, algo que es bastante común, ya que habitualmente los bancos no conceden la hipoteca  no acredita entre el 40% y el 60% de preventas.

Sin embargo, los promotores niegan que los compradores estén insuficientemente protegidos y argumentan que la misma ley les obliga a ingresar todas las cantidades recibidas por adelantado en una cuenta especial, y que sólo pueden disponer de ellas para las atenciones derivadas de la construcción de las viviendas, con lo que la devolución de las cantidades en caso de que no se obtenga la licencia de obra está asegurada.

Como hemos visto, existen dos tipos de garantías:

  1. Póliza de seguro:
  • Se suscribirá una póliza de seguro individual por cada adquirente. En ella se identificará el inmueble para cuya adquisición se realiza la entrega de cantidades a cuenta.
  • La suma asegurada incluirá la cuantía total de las cantidades anticipadas en el contrato de compraventa, incluidos los impuestos aplicables, incrementada en el interés legal del dinero desde la entrega efectiva del anticipo hasta la fecha prevista de la entrega de la vivienda por el promotor.
  • Será tomador del seguro el promotor, a quien le corresponderá el pago de la prima por todo el periodo de seguro hasta la elevación a escritura pública del contrato de compraventa, y tendrá condición de asegurado los compradores que figuren en el contrato de compraventa.
  • La duración del contrato no podrá ser inferior a la del compromiso para la construcción y entrega de las viviendas. En caso de que se conceda prórroga para la entrega de las viviendas, el promotor podrá prorrogar el contrato de seguro mediante el pago de la correspondiente prima, debiendo informar al asegurado de dicha prórroga.

En caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin en el plazo convenido, el asegurado deberá requerir de forma fehaciente al promotor la devolución de las cantidades aportadas a cuenta, incluidos los impuestos aplicables y sus intereses. Si el promotor no procede a la devolución de dichas cantidades en el plazo de treinta días desde que se realizó la solicitud, el comprador podrá reclamar el abono de la indemnización correspondiente.

Además, el asegurado podrá reclamar directamente al asegurador cuando no resulte posible la reclamación previa al promotor.

Hay que tener en cuenta que en ningún caso serán indemnizables las cantidades que no se acredite que fueron aportadas por el asegurado, aunque se hayan incluido en la suma asegurada del contrato de seguro.

  1. Suscripción de un aval con una entidad de crédito, por la cuantía total de las cantidades anticipadas en el contrato de compraventa, incluidos los impuestos aplicables, incrementada en el interés legal del dinero desde la entrega efectiva del anticipo hasta la fecha prevista de la entrega de la vivienda por el promotor.

En caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin en el plazo convenido, el beneficiario del aval deberá reclamar de manera fehaciente al promotor para la devolución de las cantidades entregadas a cuenta, incluidos los impuestos aplicables y sus intereses. En el caso de que el promotor no atienda al requerimiento en el plazo de treinta días, el comprador podrá  exigir al avalista el abono de dichas cantidades.

El comprador tiene un plazo de dos años para realizar la reclamación de rescisión de contrato y devolución de las cantidades anticipadas. En el caso de que no lo haga en ese plazo, el aval caducará.

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Autoconsumo fotovoltaico en una comunidad de propietarios

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Pasos a seguir para la instalación de paneles fotovoltaicos para el autoconsumo en una comunidad de propietarios

Tras la aprobación, en octubre de 2018, del  Real Decreto Ley 15/2018, de medidas urgentes para la transición energética, que ponía fin el denominado impuesto al sol, con el que se ponían trabas al consumo individual de energía, en abril de 2019 se aprobaba el Real Decreto 244/2019,  que incluye nuevas condiciones administrativas, técnicas y económicas que favorecen el autoconsumo, no sólo en viviendas individuales, sino también en inmuebles residenciales.

De esta manera, y con el objetivo de reducir las emisiones de CO2, se facilita los trámites para la instalación de paneles fotovoltaicos para el autoconsumo también en comunidades de propietarios.

Tipos de instalaciones

La nueva normativa establece dos tipos de instalaciones:

  • Con excedentes: lo que permite inyectar la energía que no consumen la comunidad en las redes de transporte y distribución. Esta inyección de energía puede ser a cambio de una compensación económica y establece dos modalidades.
    • Con excedentes acogidos a compensación. En esta modalidad la comercializadora eléctrica compensará en nuestra factura eléctrica la energía vertida a la red. Podrán acogerse las viviendas y las industrias con potencias instaladas inferiores a 100 Kw, y la legislación establece que esta compensación consistirá en un descuento de en la factura mensual equivalente a la  energía vertida. Este descuento no podrá ser superior al monto a pagar por la energía consumida, incluido en la misma factura
    • Modalidad con excedentes no acogida a compensación simplificada. Estas instalaciones son aquellas, en principio mayores de 100 Kw, cuyos excedentes van a ser volcados a la red pero en régimen de venta, no de compensación. El precio de la energía vertida será el dispuesto por la legislación de instalaciones generadoras de electricidad.
  • Sin excedentes: en este caso, la instalación dispone de un sistema antivertido que regula la producción para ajustarla al consumo del inmueble.

Trámites necesarios para realizar la instalación

Hay que tener en cuenta que algunos de los trámites administrativos que se mencionan a continuación, no son necesarios, desde la aprobación del Real Decreto 244/2019 para las instalaciones pequeñas de autoconsumos.

  1. Acuerdo de la comunidad de propietarios

El primer paso es, como con todas las decisiones que afectan a una comunidad de propietarios, y tal y como establece el artículo 17.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, una vez que uno o varios propietario san solicitado la instalación de paneles solares en la comunidad, llevar la propuesta a la Junta de Propietarios, donde debe ser aprobada con el voto a favor de un tercio de los integrantes de la comunidad, que a su vez representen un tercio de las cuotas de participación.

Se considerarán como votos positivos los de aquellos propietarios que habiendo sido debidamente convocados, no hayan estado presentes en la Junta, siempre que después de haber sido convenientemente informados, y en el plazo de un mes, no manifiesten discrepancia con la decisión tomada por la Junta.

Los propietarios que no voten a favor no están obligados a pagar el coste por la instalación, pero tampoco podrán hacer uso de ella. En el caso de que posteriormente decidieran usarla, tendrían que abonar la parte que les hubiera correspondido pagar en el momento de la instalación.  

  1. Estudios previos, solicitud del permisos y realización de la instalación

Nuestra recomendación es que se contrate una empresa instaladora especializada que se encargue de realizar tanto los análisis previos, como el diseño del proyecto, los trámites administrativos necesarios, y la ejecución y finalización de la obra.

Los trabajos a realizar en esta fase del proyecto son los siguientes:

  • Estudio previo de la cubierta. Antes de realizar la instalación, es imprescindible realizar un estudio previo de la cubierta del inmueble, con el fin de comprobar -y poder demostrar a las autoridades, en el caso de que lo soliciten- que puede soportar sin problemas el peso de la nueva instalación, y que por lo tanto, ésta va a ser segura.

También será necesario revisar la normativa municipal, con el fin de comprobar que no hay ningún tipo de restricción o condición para este tipo de instalaciones.

  • Diseño del sistema, lo que incluye la realización de una memoria técnica que se deberá presentar ante la administración pública competente.
  • Solicitud de la licencia de obras y pago de impuestos locales, en el caso de que proceda.
  • Solicitud de autorización ambiental o de utilidad pública. Las plantas menores de 100 kW no tendrán que realizar este trámite autonómico, aunque cabe la posibilidad lo exija en el caso de que se emplazarse en un territorio protegido.
  • Autorización administrativa previa. Las plantas menores de 100 kW están exentas de este trámite autonómico. Las plantas muy grandes, a partir de 50 MW deben pedir el permiso directamente al Ministerio competente en materia de energía.
  • Certificados de la instalación y de fin de obra. Una vez ejecutada la instalación, hay que presentar en la Comunidad Autónoma correspondiente el certificado del electricista -si el sistema tiene menos de 10 kW- o de un técnico de grado superior que acredita la finalización de la instalación Además, también puede solicitarse una declaración responsable del titular que certifique la posesión de la autorización de todo los organismos que puedan verse afectados por la instalación y, si es un autoconsumo colectivo, la autorización de los propietarios del inmueble de acuerdo con la Ley de Propiedad Horizontal.
  1. Acceso y conexión a la red

Una vez ejecutado el proyecto, es necesario solicitar los permisos de acceso y conexión a la red a la empresa distribuidora.

Las plantas menores de 15 kW y las que no viertan excedentes están exentas de este trámite en suelos urbanos, puesto que aprovechan sus acometidas de consumo convencionales. Las demás tienen que pedírselo a la empresa eléctrica y presentar los citados avales. La eléctrica debe responder en un plazo de 10 días; si deniega el acceso, ha de justificarlo y hay un plazo de 30 días para reclamar.

  1. Inspección inicial e inspecciones periódicas.

A las instalaciones menores de 100 kW no se les exige la inspección inicial de un Organismo de Control Autorizado (OCA), pero conviene consultar a la comunidad autónoma, porque podría hacerlo antes de la emisión del certificado de instalación. Las revisiones periódicas son quinquenales en el caso de las plantas en baja tensión.

  1. Autorización de explotación.

Los sistemas menores de 10 kW están exentos de este permiso autonómico, pero se puede exigir si han debido presentar un proyecto técnico visado.

  1. Inscripción en los registros de autoconsumo.

 Las instalaciones menores de 100 kW no tienen que realizar el trámite, puesto que la Comunidad Autónoma las inscriben de oficio. Las de mayor potencia deberán hacerlo, de acuerdo con el procedimiento de cada Comunidad. Posteriormente, será la propia administración autonómica la que se encargue de remitir los datos al Ésta remite los datos posteriormente al Registro administrativo de ámbito nacional.

  1. Inscripción en el Raipre.

A las instalaciones sin excedentes no les aplica la inscripción en el Registro administrativo de instalaciones de productoras de energía eléctrica (Raipre), de carácter nacional. Las que generan excedentes sí que tienen que inscribirse, aunque si son menores de 100 kW lo hará el Ministerio directamente. Las mayores tienen que solicitarlo.

  1. Realización de los contratos eléctricos

En este punto, vuelven a aparecer trámites que no es necesario que las instalaciones pequeñas de autoconsumo realicen o que, en algunos casos, llevan a cabo las compañías eléctricas de oficio.

  • Contrato de acceso y conexión. Las instalaciones de cualquier potencia conectadas a la red interior no precisan un nuevo contrato, y será suficiente con el habitual contrato de suministro al consumidor, aunque habrá que notificar a la compañía eléctrica que ha de modificar el contrato existente para incluir la modalidad de autoconsumo.

Si la instalación usa la red de distribución, hay dos posibilidades

  1. Cuando la planta es menor de 100 kW, la modificación del contrato le corresponde a la compañía eléctrica, de oficio, tras recibir la comunicación de la comunidad autónoma;
  2. Si la planta es mayor de 100 kW, debe solicitarse a la compañía eléctrica que realice la modificación del contrato. El trámite dura 15 días.
  • Contrato para servicios auxiliares. Estos servicios son los que permiten el funcionamiento de la instalación de generación. La mayoría de los productores de autoconsumo fotovoltaico están exentos de solicitar este contrato ante la distribuidora eléctrica correspondiente, y los suministros quedan cubiertos a través del contrato de suministro existente siempre y cuando:
    • Sean instalaciones próximas de red interior.
    • Se trate de instalaciones de generación con tecnología renovable destinadas a suministrar a uno o más consumidores acogidos a cualquiera de las modalidades de autoconsumo y su potencia instalada sea menor de 100 kW.
    • En cómputo anual, la energía consumida por dichos servicios auxiliares de producción sea inferior al 1 % de la energía neta generada por la instalación.
  • Comunicación o contrato de compensación de excedentes. En el caso de las instalaciones colectivas, aunque no se vierta electricidad a la red, debe suscribirse un acuerdo sobre el reparto de la energía autogenerada entre los distintos participantes, cuya única limitación es que los valores deben ser constantes y la suma de todos ellos sea la unidad. Este reparto se notificará a la compañía eléctrica.

En cualquier caso, el Real Decreto propone un método por defecto en el anexo I que se utilizará si no existe acuerdo o si éste no se notifica al encargado de la lectura.

  • Contrato de representación. Sólo lo tienen que realizar las instalaciones que además de autoconsumir, viertan y vendan la energía a la red, lo que exige actuar como un generador convencional, con las obligaciones y responsabilidades habituales.

Ayudas en la Comunidad Valenciana para la instalación de placas fotovoltaicas

Las instalaciones de energía solar fotovoltaica realizadas en viviendas ubicadas en la Comunidad Valenciana podrán beneficiarse de una deducción fiscal del 20% del importe de la cantidad invertida en la instalación, siempre que la instalación no esté relacionada con el ejercicio de una actividad económica.

Esta deducción podrá aplicarla cada uno de los propietarios individualmente según el coeficiente de participación que le corresponda.

Las cantidades correspondientes al período impositivo no deducidas podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 4 años inmediatos y sucesivos.

Para poder beneficiarse de esa deducción las instalaciones deberán haber sido realizadas por empresas que cumplan los requisitos establecidos de forma reglamentaria, y la Administración autonómica deberá haber sido informada sobre su existencia previamente y haber expedido la certificación acreditativa correspondiente.

La base máxima de la deducción será de 8.000 euros, y estará constituida por las cantidades efectivamente satisfechas en el ejercicio por el contribuyente.

La parte de la inversión apoyada, en su caso, con subvenciones públicas no dará derecho a deducción.

Coste de una instalación fotovoltaica

Aunque los costes dependen del tamaño de la instalación, se calcula que para un edificio de vivienda de cuatro pisos este puede ascender a unos 8.000€, que se pueden amortizar en un plazo aproximado de diez años, en función de la localización geográfica del edificio, el tipo de tejado del mismo y las horas de sol que tiene.

Fiscalidad

Tras la aprobación del decreto de 2018, el pequeño autoconsumidor no tiene que darse de alta como empresa generadora de electricidad, lo que elimina algunos impuestos que, como empresa, sí debían pagarse, y tampoco debe pagar ningún impuesto por la generación de energía.

Esa será la regla general, ya que serán pocas las comunidades de propietarios que serán pocas las comunidades de propietarios que se acojan al modelo de vertido de excedentes sin compensación, en el que los propietarios tendrían que pagar impuestos por los beneficios obtenidos.

Concretamente, se imputaría a efectos del IRPF, a cada uno de los copropietarios, en función de su grado de participación, salvo que en los estatutos de dicha Comunidad se dispusiese otro reparto, independientemente de que esa renta se pague directamente a cada propietario o se descuente de su cuota de la comunidad, se tendría que tributar el IVA y hacer la correspondiente liquidación trimestral.

Por otro lado, la legislación establece que las ordenanzas fiscales municipales podrán regular una bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol.

La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente.

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La nueva TDT

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Llega la nueva TDT. Qué hacer para seguir viendo la tele

El despliegue de la tecnología 5G provocará un cambio en las frecuencias de la Televisión Digital Terrestre (TDT), lo que obligará a resintonizar la TDT y reprogramar cientos de miles de antenas comunitarias y millones de televisores en toda España.

La razón es que a partir del 30 de junio de 2020, fecha límite para que los usuarios resintonicen la TDT y reprogramen las antenas comunitarios y los televisores, el 5G utilizará de manera exclusiva la banda de los 700 MHz, que hasta ahora usaba de manera parcial la TDT, que pasará a ocupar las frecuencias de 470-694 MHz.

El objetivo de este cambio es garantizar una mejor cobertura en zonas más aisladas, un proceso que se llevará a cabo a nivel europeo, y está regulado en la Decisión (UE) 2017/899 del Parlamento Europeo de mayo de 2017.

El proceso de encendido de las nuevas frecuencias de TDT se inició el pasado mes de julio en Mallorca, Ibiza, Formentera y Cáceres y, tras un parón durante el mes de agosto, se retomó en septiembre y se ira extendiendo de manera paulatina para el resto de territorios excepto Asturias, Barcelona, La Coruña, Menorca, Melilla y una parte de las provincias de Toledo y Murcia, que no se verán afectadas..

Cómo realizar el cambio de frecuencia

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Las claves de la limitacion del precio de alquiler

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¿Como limitar el precio de los alquileres?

Así está el debate en nuestro país, y así se ha abordado en algunas de las principales capitales europeas

Desde hace meses la posibilidad de limitar los precios de los alquileres forma parte importante del debate político y social. No es extraño, si tenemos en cuenta que, según datos del Banco de España, en los últimos cinco años el precio de los alquileres ha subido un 50%, fundamentalmente en grandes ciudades como Madrid y Barcelona.

Una subida muy por encima de los precios de compra que afecta, fundamentalmente, a las zonas que más demanda tienen, y que se ha producido en un contexto de crisis económica y de precariedad laboral en el que muchos ciudadanos, especialmente aquellos que tienen menos recursos, han tenido que recurrir al alquiler como única opción para acceder a una vivienda.

Los españoles destinaron de media en 2018 un 34% de su sueldo a pagar el alquiler de su vivienda, según Fotocasa. Esta cifra, ya de por sí elevada, llega al 51% en Madrid y al 49% en Barcelona. Si tenemos en cuenta que todos los expertos y organismos internacionales coinciden en que este porcentaje no debe ser superior al 30% (la recomendación es que se sitúe entre el 20 y el 25%), no encontramos con una situación difícil de soportar, en la que una parte muy importante de la población ha sido expulsada del mercado de la compra, pero también del mercado del alquiler.

Esta es, sin duda, una de las razones por las que en la última encuesta del CIS, publicada a principios de verano, un 38% de los ciudadanos se mostraran a favor de limitar los precios del alquiler

Pero ¿qué implica limitar los precios de los alquileres?, ¿cuáles son las propuestas que están sobre la mesa?, ¿qué argumentan los que están en contra de esta limitación?, ¿qué resultado ha tenido allí donde se han puesto en marcha este tipo de medidas?

Vamos a intentar dar respuesta a todas estas preguntas a continuación.

Propuestas en España para limitar el precio del alquiler

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Obligaciones legales y fiscales del alquiler vacacional en la Comunidad Valenciana

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Obligaciones legales y fiscales del alquiler vacacional en la Comunidad Valenciana para particulares

El alquiler turístico o vacacional está definitivamente en el punto de mira de las autoridades. Mientras que Hacienda se preocupa y se ocupa con enorme interés por poner fin al alquiler sumergido, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, alarmados por el incremento sin control de este tipo de arrendamientos, han optado por aprobar normativas destinadas a regular y poner límites a un sector que en los últimos años no ha dejado de crecer.

Desde el punto de vista fiscal, las obligaciones poco o nada han variado en los últimos años, pero sí que ha aumentado el control que sobre los alquileres realizan las autoridades, lo que pone cada vez más difíciles las cosas a aquellos que se sienten tentados por la idea de no declarar sus ingresos por este concepto.

Desde enero, las plataformas como Airbnb o Homeaway tienen la obligación de recopilar los datos fiscales de anfitriones y usuarios para compartirlos con Hacienda. De esta manera, la Agencia Tributaria contará con todos los datos sobre los alquileres realizados y los ingresos obtenidos a través de ellos, una medida que ha puesto fin, prácticamente de manera definitiva, al fraude fiscal en el alquiler turístico.

En el caso de los alquileres realizados fuera de este tipo de plataformas, las cosas están un poco más difíciles para las autoridades fiscales, pero se han reforzado los mecanismos de control, lo que incluye realizar un seguimiento de los anuncios de alquiler publicados en las diferentes páginas especializadas.

Y aunque parezca una tarea titánica -desde luego lo es- las medidas adoptadas han mostrado su efectividad, como demuestran las cartas que muchos propietarios han recibido en las dos últimas campañas de la Renta, en la que la Agencia Tributaria les “recordaban” la obligación de declarar los ingresos obtenidos por el alquiler de sus propiedades. Por si acaso alguno de ellos caía en la tentación de ocultárselos al fisco.

Donde sí ha habido cambios, en algunos casos de notable importancia, es en las obligaciones legales que tienen que afrontar los propietarios que se deciden a alquilar su vivienda con fines turísticos.

Ayuntamientos y Comunidades Autónomas han ido aprobando nuevas normativas que tratan de poner coto al crecimiento del sector, un crecimiento que está trasformando el sector de la vivienda, fundamentalmente en grandes ciudades y zonas de costa, pero también de garantizar que la oferta turística cumpla unos estándares de seguridad y calidad.

Legislación alquiler turístico en la Comunidad Valenciana

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